Comienza un 11 de de septiembre de 1973 cuando ocurre en
Chile “El Golpe de Estado”, comandado por el General Augusto Pinochet, en cual
deroga al ex Presidente Salvador Allende. Producto de la
dictadura los lineamientos que hasta ese momento se venían dando en educación
quedaron truncados, por lo que el nuevo gobierno apunta en la producción de
nuevos proyectos. Estos proyectos
tenían un único fin: Mejorar la calidad y equidad del sistema educativo.
La educación sufrió
cambios importantes, empezando con la aplicación doctrinal de la “seguridad
nacional”. Hubo un constante control sobre los profesionales y disciplinamiento de la cultura escolar; al
igual que se modificaron los subsectores de historia y ciencias sociales en
función de la nueva ideología.
Durante
el periodo, el Estado
implementó dos medidas en educación que han sido trascendentales y que permanecen
hasta hoy: la descentralización del
sector educación, es decir, la transferencia de los dominios
administrativos de los establecimientos educacionales de manos del ministerio a
sus municipalidades respectivas; y un
nuevo sistema de financiamiento que instauró la unidad de subsidio escolar
(USE). La idea tras estas dos medidas era producir una competencia por
incorporar alumnos entre los sostenedores (y sus escuelas), la que a su vez,
incentivaría mejoras de eficiencia en el uso de recursos y en la calidad de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
A comienzos de 1980 el gobierno transfirió la
administración e infraestructura de todas las escuelas y liceos públicos del
Ministerio de Educación a las municipalidades en que se ubicaban, teniendo
éstas que asumir su administración y mantención, adoptando la autoridad para
contratar y despedir profesores, quisieran o no asumir esta responsabilidad, y
tuvieran o no capacidades para dirigir eficazmente la educación de la comuna.
Esta medida se impuso, pero no pensó en las personas e instituciones que debían
asumir nuevas funciones, caso de los sostenedores municipales. Tampoco
consideró la educación en un contexto donde los profesores tenían condiciones
laborales deterioradas, con menos prestigio, status y dignidad.La razón de esto era acercar la educación a las familias y al control
local, y hacer que la escuela responda a las necesidades de la comunidad. Esto
no pudo ser, debido a que los alcaldes eran elegidos por el propio presidente.
Esta educación no fue democratizadora, ya que no hubo elecciones de ningún tipo
hasta el año 1990.
Todo
trajo una liberalización del mercado laboral de los profesores y un cambio del
régimen universitario de la formación inicial. Los profesores perdieron la condición de empleados públicos por
lo que sus salarios se vieron disminuidos (al perder el financiamiento público)
y fueron determinados por su empleador. Debido a la liberalización del mercado
de trabajo, los sueldos se diferenciaban marcadamente: los más altos en
escuelas municipales y particulares subvencionados por la Iglesia, y los más
bajos por los particulares subvencionados de reciente creación. En esta época
se suprimió la Escuela Normal y la carrera de pedagogía pasó a dictarse
exclusivamente en las Universidades.
Posteriormente,
el último aporte a la educación del régimen militar fue la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza, más conocida como LOCE, que se firmó precisamente
el último día de ese gobierno, el 10 de Marzo de 1990. Ésta estableció
finalmente: la descentralización de los establecimientos, y paso del control
del MINEDUC al Consejo Superior de
Educación. Fue diseñada para asegurar la
permanencia de los cambios establecidos.
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